Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán -MEXICO-

Morelia, Michoacán, a 23 de abril del 2009. La señora Gudelia Pérez Andrés presentó formal queja ante el Visitador Regional de la CEDH con sede en Zitácuaro, Omar Rángel Ángeles en contra del alcalde de San Lucas, Servando Valle Maldonado por los conceptos de prepotencia y abuso de autoridad ya que asegura pretende despojarla de un predio, único patrimonio con el que cuenta.

De acuerdo con la versión de la señora de 69 años, ella cuenta con la posesión real y material de un predio el cual ha habitado por más de 40 años sin problema alguno hasta el pasado mes de agosto del 2008 cuando elementos de seguridad pública municipal de San Lucas se introdujeron a su casa destruyendo un muro y derribaron postes con alambre.

Ante el abuso de confianza, dijo, se trasladó a la base de la policía local donde exigió una explicación y en donde le dijeron que solamente habían atendido órdenes del Director de Seguridad Pública, del Síndico y del propio Presidente Municipal.

La quejosa precisó que promovió un amparo, “el cual se sobreseo, ya que al rendir un informe previo y justificado negaron los hechos. Quiero agregar que en esa ocasión fuí agredida verbalmente y amenazada”.

Agregó que posteriormente en el mes de noviembre del 2008 de nueva cuenta arribaron a mi casa policías municipales quienes arrancaron postes con alambres y se llevaron macetas con plantas “y un montón de ladrillos” argumentando que eran indicaciones del Director de Seguridad Pública y del Síndico Municipal.

“En esa ocasión presenté denuncia penal por el delito de daño en las cosas, en contra de Modesto Gorrostieta y dos Elementos de la Policía Municipal, la cual creo yo se encuentra en trámite en la Agencia Primera del Ministerio Público en Huetamo, Michoacán”.

La señora Gudelia señaló que luego de los hechos “recibí en mi domicilio un documento firmado por el Síndico de San Lucas, en el que me daban un plazo de tres días para desocupar mi solar, argumentando que habíamos perdido los amparos y que teníamos que entregar mi solar porque se iba a abrir una calle”.

Indicó también que el pasado 21 de abril del año en curso, “yo me encontraba trabajando en el mercado, cuando recibí una llamada telefónica de un familiar, que me decía que había muchos policías en mi terreno y que estaban derribando dos árboles de especie de cuerazo, esto sin contar con los permisos de SEMARNAT, constituyéndose así un delito”.

Finalmente la agraviada concluyó precisando que el predio se encuentra bajo el régimen Ejidal y no de pequeña propiedad “por lo cual recurro a este organismo para implorar su protección ante la autoridad municipal ya que considero pretenden utilizar su investidura para flagelar y vulnerar mis garantías individuales”.