Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán -MEXICO-


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Boletin3409

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LAS VICTIMAS DEL DELITO LAS MAS OLVIDADAS POR LA JUSTICIA: LUIS ALBERTO MONTAÑO GARCIA

Morelia, Michoacán a 12 de marzo del 2009. En Michoacán el 60 por ciento de las quejas de personas que han sido víctimas del delito se presentan por actos omisos de las autoridades competentes, principalmente de las encargadas de la procuración de justicia; así lo expresó Luis Alberto Montaño García.

El Visitador Regional de Zamora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) disertó la ponencia denominada “La Protección a las Víctimas del Delito o Abuso de Poder”, ante alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) alumnos de postgrado y público en general.

En el marco del Seminario de Atención a Víctimas del Delito que se desarrollará por tres días en la sede del antiguo Palacio de Justicia, el funcionario de la CEDH manifestó que los principales conceptos de queja ante el organismo defensor de los derechos humanos se refieren a irregularidades en la integración de la APP, dilación, el no ejercicio de la acción penal, deficiencia en las investigaciones; así como tortura.

Dijo que en materia de procuración de justicia las inconformidades se presentan en contra del Ministerio Público, agentes de la policía ministerial, elementos de seguridad municipal y del Ejército Mexicano.

Montaño García explicó que los abusos de poder se traducen en maltrato cometidas en agravio a la víctima de un delito, además de lesiones físicas, afectaciones psicológicas e incluso tortura.

En contrasentido la Constitución obliga a las autoridades a proporcionar a los ofendidos todas las herramientas jurídicas y legales, asesoría e incluso atención psicológica “pero vemos con tristeza que en las agencias del Ministerio Público las víctimas del delito siguen siendo tratadas con frialdad”.

En ese sentido lamentó que la falta de personal para atender las demandas cotidianas, pero sobretodo la falta de sensibilización de los servidores públicos y trabajadores de esas instancias para tratar a quienes son vejados en su integridad física o patrimonial.


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