Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán -MEXICO-

Morelia, Michoacán a 16 de junio de 2009. Acusan de presunto despojo ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al alcalde de Salvador Escalante, Arturo Ramírez Pureco. La queja fue captada por el director de Orientación Legal Quejas y Seguimiento, Marco Antonio Tortajada Zamora, por ejercicio indebido del servicio público y daño al medio ambiente.

La señora Alicia María del Pilar Martínez Samper, denunció el atropello de que fue objeto, luego de que la autoridad municipal invadió un terreno localizado en la comunidad de Picuarembo y que desde hace más de 50 años es de su propiedad, en el cual se derribaron decenas de pinos que fueron reforestados recientemente.

Dijo que fueron un total de dos hectáreas las dañadas de una superficie total de 64 en donde se encuentran asentadas una escuela, una capilla y 15 familias que viven ahí con su consentimiento. Además fue destrozada la infraestructura de conducción del agua que abastecía a ese terreno por la maquinaria que se utilizó para derribar los árboles.

La afectada acusó al presidente municipal de Salvador Escalante, Arturo Ramírez Pureco; al síndico municipal, Jacobo Osvaldo Botello y al encargado del orden de la comunidad de Picuarembo, Gregorio Bermúdez Rosales; de incitar a la población a tomar posesión del terreno, luego de que se negó a vender una parte de este para la construcción de una campo deportivo.

En el acta levantada durante la reunión que sostuvieron las autoridades municipales con los habitantes de la comunidad el alcalde dejó asentado que existían dos vías para obtener el terreno: tomar posesión del mismo o expropiarlo, lo cual se llevaría mucho tiempo, (se entregó copia de la misma).

Ante estos hechos el director de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento, Marco Antonio Tortajada Zamora, levantó la queja por ejercicio indebido del servicio público y por violentar el derecho a un ambiente sano.

El funcionario de la CEDH explicó que si el terreno es de uso común existe una vía jurídica para la indemnización del predio, por lo que se procederá a investigar porque no se siguió esta vía en todo caso.